La sanidad privada negocia con el Gobierno murciano compensaciones económicas tras la pandemia

La sanidad privada negocia con el Gobierno murciano compensaciones económicas tras la pandemia

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados de España, viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.

El sector se muestra enormemente preocupado ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de pequeños centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes.

Centros sanitarios llenos de personal y vacíos de pacientes

El Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Sanidad, ha comprometido en este tiempo una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral. Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de ‘nueva normalidad’ con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.

Sin respuesta de Sanidad

El ministro Salvador Illa comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de ASPE, Carlos Rus, una respuesta en 10 días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos; y un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios, con efectos de esta regulación desde el momento de decretarse el Estado de Alarma.

En ese mismo encuentro, el sector solicitó ser considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, se ha constatado la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad del Gobierno regional de facilitar ayudas al sector.

En ese sentido, la representación territorial de ASPE en Murcia, UMHC (Unión Murciana de Hospitales y Clínicas), ha entablado negociaciones con la Consejería de Salud sobre las compensaciones por la derivación de pacientes y el uso de camas de hospitalización. Esta mañana, esta mañana se ha mantenido una reunión con el consejero de Salud, Manuel Villegas, donde se le ha trasladado la situación económica extraordinaria a la que se enfrentan los hospitales privados de la Región durante y tras la COVID-19. Asimismo, se ha tratado la situación del sector empresarial de provisión sanitaria. Los centros sanitarios murcianos se encuentran actualmente al 70% de su actividad habitual.

Impacto del sector en Murcia

El impacto del COVID-19 en el sector sanitario privado en Murcia durante los meses más críticos de la pandemia, marzo y abril, se documenta a través de un estudio realizado por ASPE, a nivel nacional y autonómico. El estudio analiza la actividad desarrollada y su impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante el mencionado periodo.

El estudio autonómico se realizó sobreuna muestra de hospitales privados de la Región de Murcia con incidencia de participación en la COVID-19, suficientemente representativo para establecer el impacto consecuente en el sector empresarial murciano.

Los hospitales privados asumieron desde el 47,88% de los pacientes ingresados y el 35,29% de ingresados en UCI, en la época de mayor incidencia, hasta el 13% de pacientes hospitalizados y el 7% de los ingresados en UCI durante la época de menor incidencia. En actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 90%, las pruebas diagnósticas un 99%, las urgencias un 85%, las consultas un 76%, los ingresos hospitalarios un 80%, las determinaciones de laboratorio un 71% y los ingresos UCI un 63%.

Los hospitales murcianos participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 262.000 euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 392.000 euros. El 26% de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 25% a la compra de respiradores, el 30% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y el 19% restante a otras inversiones.

El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19 en estos hospitales murcianos, se ha incrementado un 92% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.459% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.